Por Redacción AGR News
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La subsecretaria de Justicia, Annette Esteves Serrano, reafirmó este miércoles la postura institucional del Departamento de Justicia de actuar estrictamente conforme a derecho y sin ceder a presiones externas, en respuesta a señalamientos del portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández.

“La agencia actúa guiada estrictamente por el debido proceso, la normativa aplicable y la protección indeclinable de las garantías constitucionales”, expresó la funcionaria al defender el proceder del Departamento.

Esteves Serrano reiteró que la petición del Senado para acceder a información sobre 229 casos archivados constituye un requerimiento “indiscriminado” y contrario a los criterios de razonabilidad, pertinencia y propósito legítimo que deben regir la facultad investigativa legislativa.

Sostuvo que el pedido configura una “fishing expedition”, figura rechazada por el ordenamiento jurídico debido a su carácter especulativo. Añadió que divulgar expedientes archivados atentaría contra el privilegio de confidencialidad, la expectativa de intimidad de personas no acusadas y la protección de quienes colaboraron bajo garantías de reserva absoluta.

La subsecretaria puntualizó que la Orden Administrativa 2025-09 no permite cierres masivos de casos. Cada expediente, dijo, debe cumplir 13 parámetros específicos, entre ellos un informe detallado del fiscal que incluya evidencia, gestiones investigativas, hallazgos y la base jurídica que sustenta la determinación.

“Cada expediente conlleva un análisis individualizado, documentado y justificado”, afirmó.

Esteves Serrano también rechazó que se compare la solicitud legislativa con el manejo del caso de Suzanne Roig Fuertes, exsecretaria de la Familia. Señaló que aquel expediente respondió a circunstancias particulares de alto interés público y a información previamente divulgada.

“Pretender extrapolar ese manejo carece de fundamento jurídico”, subrayó.

La funcionaria destacó que el Departamento y su personal mantienen un cumplimiento estricto con la Ley Núm. 2, y que la Orden Administrativa 2025-09 responde a hallazgos de la Oficina del Contralor para agilizar evaluaciones, fortalecer la gestión institucional y asegurar la rendición de cuentas.

“La misión del Departamento es clara: procesar conductas delictivas cuando existe evidencia, al tiempo que protegemos los derechos constitucionales de todos los ciudadanos”, afirmó. Añadió que Justicia continuará atendiendo requerimientos legislativos dentro del marco constitucional y del Estado de Derecho.