Por Redacción AGR News
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La gobernadora Jenniffer González convirtió en ley una medida dirigida a modernizar y hacer más eficientes los trámites relacionados al Registro de la Propiedad, mientras que vetó un proyecto que buscaba alterar el proceso de selección y pago del Seguro de Responsabilidad Obligatorio.

Ley 94-2026 | Proyecto de la Cámara 972 (en Conferencia)

La nueva ley, catalogada como una medida de administración, modifica la legislación hipotecaria vigente y la Regla 55 de Procedimiento Civil con el fin de agilizar el tráfico jurídico y reducir costos para la ciudadanía.

El estatuto también revisa la Ley 210-2015, que inició la digitalización del Registro de la Propiedad hace una década. Según la exposición de motivos, el proceso de modernización requiere ajustes adicionales para lograr un sistema más ágil, uniforme y efectivo.

Entre los cambios aprobados se incluyen nuevos requisitos para ocupar el cargo de Registrador de la Propiedad. Los aspirantes deberán:

– Estar admitidos por el Tribunal Supremo al ejercicio de la abogacía y la notaría.

– Contar con al menos cinco años de experiencia en la práctica legal y notarial, o experiencia previa como registrador.

– Poseer buena reputación profesional.

Veto al Proyecto del Senado 67

La gobernadora también rechazó el PS 67, que proponía modificar la Ley 253-1995 para ajustar el proceso de selección y cobro del seguro obligatorio a la transición hacia el marbete electrónico.

El Departamento de Transportación y Obras Públicas advirtió que la medida imponía nuevas responsabilidades sin asignación presupuestaria, carecía de claridad reglamentaria y provocaría un impacto fiscal negativo estimado en $2.67 millones por la reducción de ingresos asociados a transacciones realizadas mediante CESCO Digital.

Por su parte, la Oficina del Comisionado de Seguros señaló que el proyecto limitaba la libre selección del consumidor al obligar que la compra del seguro obligatorio se realizara exclusivamente en centros de inspección, excluyendo otros canales autorizados como colecturías, bancos, cooperativas y la plataforma digital del Gobierno.

La medida, además, no contemplaba un periodo de transición ni la coordinación tecnológica necesaria entre las entidades involucradas.

González reiteró que su administración apuesta a la modernización de los servicios gubernamentales y a fortalecer el sistema digital de renovación vehicular.

“Cualquier cambio debe hacerse de manera estructurada y fiscalmente responsable, protegiendo la libre selección del consumidor y garantizando la estabilidad operacional y tecnológica del Gobierno”, expresó la mandataria al justificar el veto.