Por Redacción AGR News
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El municipio de Ponce refirió -hoy lunes-, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) una intervención reciente en el arbolado ubicado en la marginal de la carretera PR‑2, en el sector Constancia, luego de que una investigación municipal identificara posibles incumplimientos a la reglamentación vigente sobre manejo de árboles en zonas urbanas.
Según informó el ayuntamiento, personal técnico y agrónomos municipales acudieron al lugar tras percatarse de los trabajos y concluyeron que la poda aparentaba exceder los límites permitidos en la copa de los árboles. Además, no se encontró evidencia de una autorización emitida por el DRNA para realizar una intervención de esa magnitud.
Orlando Delgado, director de la Oficina de Ordenación Territorial, explicó que la acción responde al compromiso municipal de proteger el patrimonio arbóreo y velar por el cumplimiento de las normas ambientales. Indicó que, tras la inspección, se radicó una querella ante el DRNA, entidad responsable de determinar si hubo violaciones y qué medidas administrativas proceden.
La pesquisa municipal también reveló que la persona a cargo de los trabajos contaba con un endoso del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) emitido en 2018. Sin embargo, dicho documento establecía que cualquier permiso relacionado con corte, poda, trasplante o siembra de árboles debía gestionarse directamente con el DRNA.
Delgado destacó que la protección del arbolado es un componente esencial del proyecto Ponce Reverdece, iniciativa municipal enfocada en fortalecer la cobertura verde, promover la sostenibilidad y fomentar una cultura de conservación ambiental. Subrayó que toda intervención debe realizarse “de manera responsable y conforme a la ley”.
El DRNA ya completó su investigación y el Municipio se encuentra a la espera del informe oficial que detallará los hallazgos y las posibles acciones administrativas. Mientras tanto, el ayuntamiento reiteró su compromiso con la preservación de los recursos naturales y su disposición a colaborar con las agencias estatales para garantizar el cumplimiento de las leyes ambientales.







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