Por Redacción AGR News
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La Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR), dirigida por la Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, divulgó un informe de auditoría que expone pagos improcedentes por $66,879 en el Municipio de Guánica, relacionados con liquidaciones de licencias por enfermedad y errores en la acumulación de licencias de vacaciones para varios funcionarios municipales. La información debe ser verificada con fuentes oficiales.

El examen, que abarca del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2023, concluyó que las operaciones fiscales evaluadas no cumplieron plenamente con la ley ni con la reglamentación vigente. La auditoría se realizó bajo las facultades constitucionales y legales de la OCPR.

El hallazgo principal detalla que el Municipio pagó liquidaciones de licencias por enfermedad al exalcalde, a un exfuncionario y a 16 exempleados, pese a que la Ordenanza 33 de 2017 —mediante la cual Guánica se acogió a la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal de 2017— prohibía dichos desembolsos.

Entre enero de 2021 y junio de 2023, se pagaron:

– $20,790 al exalcalde.

– $7,475 a un exfuncionario.

– $38,614 a 16 empleados municipales.

La Contralora concluyó que ninguno de estos pagos procedía bajo la normativa vigente adoptada por el propio Municipio.

El informe también señala que, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, cinco funcionarios recibieron acumulaciones incorrectas de licencia de vacaciones. En lugar de los 2.5 días mensuales establecidos por la Ley 176-2019, se les acreditó solo 1.25 días.

Vega Fournier atribuyó las irregularidades a deficiencias en los controles internos y a fallas de supervisión en las áreas de Recursos Humanos y Finanzas. El informe indica que:

– El alcalde y los directores de Recursos Humanos no verificaron adecuadamente las acumulaciones y pagos.

– La directora de Finanzas en funciones no supervisó los procesos de preintervención antes de autorizar los desembolsos.

Aunque la administración municipal defendió que los pagos se hicieron conforme al Código Municipal de 2020, la OCPR sostuvo que prevalece la normativa adoptada mediante ordenanza en 2017.

El documento incluye declaraciones del exalcalde Santos Seda Nazario, quien informó haber devuelto voluntariamente los $20,790 recibidos por liquidación de licencia por enfermedad. El reembolso se realizó el 24 de noviembre de 2025 mediante cheque del Banco Popular.

La OCPR recomendó al actual alcalde evaluar acciones de recobro por los $46,089 restantes correspondientes al exfuncionario y a los 16 empleados. También exhortó a corregir los balances de licencias mal acumuladas y a reforzar los controles internos.

El informe destaca que, durante los años fiscales auditados, el presupuesto del Fondo General fluctuó entre $5.1 millones y $7.8 millones, mientras que los estados financieros reflejaron déficits acumulados de entre $3.8 millones y $6.4 millones.

La auditoría se realizó conforme a las normas de auditoría gubernamental emitidas por la Government Accountability Office (GAO) de Estados Unidos.