Por Redacción AGR News
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La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez, defendió -hoy miércoles-, la gestión de la agencia ante reclamos del senador Luis Javier Hernández Ortiz y aclaró que el Departamento ha cumplido con los límites legales al entregar información solicitada por la Asamblea Legislativa.

Gómez sostuvo que Justicia mantiene “deferencia por las funciones de la Asamblea Legislativa” y que colabora de forma continua con investigaciones y requerimientos oficiales. Según indicó, al senador Hernández Ortiz se le entregó toda la información que la ley permite divulgar sin poner en riesgo investigaciones en curso. Incluso, afirmó que el legislador fue recibido en la agencia y que sus preguntas fueron atendidas directamente.

No obstante, la funcionaria advirtió que la solicitud amplia presentada por el senador podría comprometer investigaciones activas y futuras. Señaló que divulgar ciertos datos afectaría la cooperación de testigos, expondría técnicas investigativas, vulneraría derechos de las partes involucradas y, en algunos casos, podría poner en riesgo la seguridad de informantes.

Gómez también rechazó que Justicia haya cerrado cerca de 200 casos de corrupción sin investigar. Explicó que, por primera vez, se ordenó a los fiscales rendir informes detallados sobre casos cuya fase investigativa supera los dos años, un protocolo implantado tras un señalamiento de la Oficina del Contralor en 2024, que identificó expedientes con investigaciones extendidas por hasta una década.

La cifra de 229 casos mencionada por el senador, aclaró, corresponde a estadísticas de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) luego de la implementación del nuevo protocolo. No se trata exclusivamente de casos de corrupción ni de expedientes sin investigar. Algunos fueron referidos a otras agencias, otros enviados a fiscalías distintas para evaluar delitos fuera de la jurisdicción de DIPAC, varios pasaron a evaluación civil para posibles cobros y otros sí resultaron en procesos criminales.

En ciertos expedientes, los fiscales recomendaron cierres administrativos por falta de elementos delictivos o evidencia suficiente al momento de la evaluación. Gómez recalcó que estos cierres no son finales y que cualquier caso puede reactivarse si surge evidencia que permita probar delitos más allá de duda razonable.

La secretaria insistió en que el Departamento de Justicia ha demostrado firmeza al investigar y procesar cuando corresponde, señalando como ejemplo recientes referidos contra dos funcionarios de la actual administración. A la vez, subrayó que la agencia no cederá a presiones externas cuando no existan bases legales para sostener un caso.