Por Redacción AGR News
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La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado urgió -hoy jueves-, al gobierno central a atender de forma inmediata los reclamos de proveedores de servicios de educación especial, quienes denuncian meses de pagos atrasados que amenazan la continuidad de terapias y apoyos esenciales para miles de estudiantes.

El portavoz senatorial, Luis Javier Hernández Ortiz, encabezó una conferencia de prensa junto a los senadores Josian Santiago Rivera, Marially González Huertas y Ada Álvarez Conde, acompañados por padres, organizaciones y proveedores afectados. Hernández Ortiz advirtió que la situación ha escalado al punto de que algunos suplidores contemplan detener servicios por falta de pago.

“No se trata de un capricho. Se trata de un problema presupuestario que pone en riesgo a nuestros niños y jóvenes”, expresó el portavoz, señalando que varios proveedores presentes buscaban ser escuchados.

La portavoz alterna, Marially González Huertas, destacó que, aunque el Departamento de Educación (DE) recibe miles de millones anuales, la distribución interna de fondos no está atendiendo áreas esenciales.

Recordó que para el año fiscal 2025-2026, el DE contó con $5,205 millones, desglosados en:

– $3,044 millones del Fondo General

– $2,150 millones en fondos federales

– $10 millones en fondos especiales

“¿Cómo es posible que con estas cifras no haya dinero para pagar a los proveedores?”, cuestionó González Huertas.

El senador Josian Santiago Rivera añadió que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) tuvo que solicitar a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la reprogramación de partidas para poder cumplir con los pagos atrasados.

La senadora Ada Álvarez Conde alertó que el presupuesto propuesto para el próximo año fiscal contempla un recorte de $109 millones al Departamento de Educación, cifra similar a la que OGP solicitó reprogramar para saldar deudas con proveedores.

La JSF, por su parte, envió una comunicación a la administración de Jenniffer González Colón expresando preocupación por el financiamiento del programa de educación especial. Entre los señalamientos:

– Costos recurrentes se han cubierto con fondos no recurrentes, incluyendo fondos de emergencia por la pandemia del COVID-19.

– Esos fondos expiran en el año fiscal 2026.

– El problema no es falta de asignaciones, sino manejo inadecuado de recursos.

Hernández Ortiz sostuvo que la solución está claramente delineada en el Plan Fiscal y que el Departamento de Educación debe cumplir con sus disposiciones:

1. Adoptar un presupuesto basado en estudiantes, que distribuya fondos según necesidades reales.

2. Presentar un plan para garantizar acomodos y servicios a estudiantes identificados.

3. Completar la reforma del servicio público en el Gobierno.

El portavoz informó que la delegación cursó una carta a los presidentes de las Comisiones de Hacienda, Eddie Charbonier Chinea y Migdalia Padilla Alvelo, para que atiendan el asunto durante la evaluación presupuestaria.

“Este dinero va dirigido a una de las poblaciones más importantes del país: los niños y jóvenes de educación especial. No podemos permitir que sigan enfrentando incertidumbre”, afirmó Hernández Ortiz.