Por Redacción AGR News
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El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) anunció que dejó sin efecto las cartas recientemente enviadas a comerciantes ambulantes ubicados en la carretera PR‑129, entre Arecibo y Lares, y en la PR‑100 en Cabo Rojo, siguiendo instrucciones de la gobernadora Jenniffer González Colón.

La determinación busca abrir un proceso de revisión de los reglamentos, las bases legales y los procedimientos relacionados con el uso del derecho de vía estatal. Como parte de este análisis, la agencia también coordinará con los municipios involucrados para identificar alternativas viables que permitan manejar la situación de manera ordenada, segura y conforme a la ley.

Las comunicaciones originales formaban parte de gestiones asociadas a proyectos de infraestructura en ambas vías. En la PR‑129 se proyectan trabajos de repavimentación, mientras que en la PR‑100 continúa un proyecto de ensanche dirigido a mejorar la seguridad vial y el flujo vehicular.

El DTOP reiteró que tiene la responsabilidad de proteger la seguridad en las carreteras estatales y garantizar el uso adecuado del derecho de vía. Recordó que los paseos y márgenes cumplen funciones esenciales, como proveer visibilidad, acceso para emergencias y espacio operacional para obras y mantenimiento.

La agencia aclaró que dejar sin efecto las cartas no constituye una autorización para ocupar el derecho de vía ni limita su deber de velar por la seguridad vial. La medida, enfatizó, permite realizar una evaluación más amplia, coordinar con los gobiernos municipales y atender cada caso con responsabilidad.

El Departamento también señaló que la situación relacionada con Pedro “Pello” Santiago, en la carretera PR‑7722, responde a circunstancias distintas a las de la PR‑129 y la PR‑100. Ese caso continuará evaluándose conforme a la reglamentación vigente y considerando factores de seguridad, acceso y uso adecuado de las áreas bajo jurisdicción estatal.

El DTOP reconoció la realidad económica de las familias que dependen del comercio ambulante y subrayó la importancia de manejar el asunto con sensibilidad, coordinación interagencial y respeto al debido proceso de ley. Su objetivo, afirmó, es lograr un balance entre la seguridad vial, el cumplimiento normativo, la ejecución de obras públicas necesarias y el respeto a quienes trabajan para sostener sus hogares.

La agencia concluyó que continuará actuando con responsabilidad y conforme a la ley, y que cualquier acción futura se tomará tras la evaluación correspondiente y en coordinación con las partes pertinentes.