Por Redacción AGR News
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La Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) divulgó -hoy jueves-, los resultados de una auditoría de cumplimiento realizada al Centro Criollo de Ciencias y Tecnología del Caribe, Inc. (C3Tec), entidad sin fines de lucro fundada en 2007 y respaldada por el Municipio de Caguas para promover la educación científica y tecnológica. El examen abarcó el periodo del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2025, con énfasis en el manejo de fondos legislativos, procesos de compras y contratación de servicios profesionales.

La Contralora, Carmen Vega Fournier, emitió una opinión cualificada al concluir que se detectaron fallas significativas en los procesos de compras y contratación.

Vega Fournier subrayó que la administración responsable de fondos públicos exige controles internos sólidos y documentación completa. “Las situaciones identificadas requieren atención para fortalecer los controles administrativos y proteger los recursos asignados para fines educativos y comunitarios”, expresó.

El informe señala que entre abril de 2021 y diciembre de 2024 se efectuaron compras por $46,288 sin cumplir con los requisitos mínimos de cotización.

– En cinco compras por $42,822, cuyo valor superaba los $2,000, no se obtuvieron las tres cotizaciones reglamentarias. Entre los artículos adquiridos figuraban una cortadora láser, un extractor de humos, computadoras portátiles y mobiliario.

– En tres compras adicionales por $3,466, tampoco se obtuvieron las dos cotizaciones requeridas para adquisiciones mayores de $500.

Además, se identificaron ocho compras por $58,647 realizadas sin emitir órdenes de compra, lo que, según la OCPR, dificulta el control presupuestario y puede comprometer la validez de los compromisos con suplidores.

Los auditores también hallaron deficiencias en la documentación de las 17 requisiciones examinadas, las cuales carecían de información esencial como cuentas presupuestarias, precios unitarios, firmas de aprobación y datos de suplidores. Las facturas revisadas también estaban incompletas.

En cuanto a los desembolsos, se detectó que en pagos que superaban los $32,000 no se registró la fecha de entrega de los cheques ni la firma de quienes los recibieron. En un expediente faltaba el Certificado de Registro de Comerciantes.

La gerencia del C3Tec defendió la compra de la cortadora láser y equipo relacionado por más de $33,000, alegando que realizaron visitas a instituciones educativas para evaluar alternativas y que la máquina seleccionada era la más utilizada en el sector, con representación local para mantenimiento y soporte.

Sin embargo, la OCPR sostuvo que el hallazgo se mantiene, ya que la verificación de suplidores se realizó después de recibir el borrador del informe, contrario a lo que exige la Política de Compras de 2019.

El segundo hallazgo del informe detalla fallas en la contratación de servicios profesionales para guías, ujieres, personal administrativo, técnicos de laboratorio y educadores. Aunque los servicios se prestaron y los contratos estaban formalizados, los expedientes carecían de:

– Autorización del gerente del área.

– Hoja de Términos de Contrato.

– Certificado de Registro de Comerciantes en uno de los casos.

La gerencia indicó que las fallas eran meramente documentales y que ya implantaron formularios de cotejo, controles adicionales y revisiones a sus políticas internas.

El informe también señala que el Centro no radicó el informe anual correspondiente al 2025, incumpliendo con la Ley General de Corporaciones. Esta omisión limita el acceso a información actualizada sobre la operación y situación financiera de la entidad.

Durante el periodo auditado, el C3Tec recibió cinco donativos legislativos que totalizaron $388,259, de los cuales quedaba un sobrante de $1,639 al cierre del examen.

La OCPR recomendó al alcalde de Caguas, en su rol de presidente de la Junta de Directores, y a la directora ejecutiva del Centro, reforzar los controles internos, asegurar la obtención de cotizaciones, emitir órdenes de compra, completar expedientes de compras y contratos, y radicar oportunamente los informes corporativos.

Vega Fournier concluyó que el cumplimiento riguroso con los procesos administrativos es esencial para garantizar transparencia y proteger los fondos públicos destinados a programas educativos.

El informe completo está disponible en http://www.ocpr.gov.pr.