Por Redacción AGR News
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La Contralora de Puerto Rico, CPA y Lcda. Carmen Vega Fournier, presentó ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes la postura oficial de la Oficina de la Contralora (OCPR) sobre tres proyectos legislativos que, según explicó, fortalecen la capacidad del Estado para fiscalizar, investigar y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.

Las medidas evaluadas fueron el Proyecto del Senado 808 y los Proyectos de la Cámara 1263 y 1264, todos con impacto directo en la transparencia gubernamental y la eficiencia de los procesos de auditoría.

Sobre el P. del S. 808, la OCPR apoyó la enmienda que delega en la Contralora la determinación de la frecuencia de auditorías a la Oficina de Ética Gubernamental, con un máximo de tres años entre evaluaciones. Vega Fournier destacó que el lenguaje adoptado por la Asamblea Legislativa reconoce la discreción técnica necesaria para armonizar la medida con el mandato constitucional de la Oficina.

Afirmó que la propuesta “logra un balance entre la fiscalización periódica y la flexibilidad para planificar auditorías basadas en riesgo, recursos disponibles y situaciones que requieran atención inmediata”.

En torno al P. de la C. 1263, la Contralora favoreció la enmienda a la Ley Núm. 9 de 1952 para reforzar los mecanismos que obligan a testigos y entidades a entregar información durante las auditorías. La medida permitiría que los tribunales impongan costas y honorarios cuando se determine conducta frívola o temeraria en la incomparecencia.

Vega Fournier subrayó que la falta de información oportuna es uno de los mayores obstáculos en los procesos de auditoría. Aunque la Ley 37-2004 ya penaliza la obstrucción, su aplicación es limitada por depender del sistema penal. El remedio civil propuesto, explicó, “no sustituye el marco penal, sino que lo complementa al ofrecer una herramienta inmediata para evitar retrasos que pueden comprometer la detección de irregularidades”.

Respecto al P. de la C. 1264, la OCPR respaldó la creación de una plataforma uniforme para la elaboración, formalización y registro de contratos gubernamentales. La Contralora resaltó que la contratación pública es un área de alta sensibilidad y que un sistema con trazabilidad desde el origen representa un avance significativo en fiscalización preventiva.

No obstante, advirtió que su implantación requiere una transición planificada, capacitación del personal y compatibilidad con sistemas existentes, especialmente los de la Administración de Servicios Generales. También recomendó revisar los términos actuales de presentación de contratos ante la OCPR, considerando que la plataforma permitiría una integración más temprana de la información.

Vega Fournier sostuvo que las tres medidas, vistas en conjunto, responden a una misma visión: fortalecer la capacidad del Estado para fiscalizar de manera efectiva mediante una mejor planificación de auditorías, acceso ágil a evidencia y organización moderna de la información contractual.

La OCPR reiteró su compromiso con iniciativas que promuevan la transparencia y la sana administración pública, así como su disposición a colaborar con la Asamblea Legislativa en el perfeccionamiento de estas propuestas.

“Construimos confianza desde la verdad, la educación y la prevención; demostrando integridad en cada acción y protegiendo los recursos del Pueblo”, afirmó la Contralora.