Por Redacción AGR News
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Una mujer que trabajó por casi tres décadas en la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) fue declarada culpable por un jurado federal tras un juicio de una semana, por apropiarse ilegalmente de fondos públicos mediante un esquema de fraude que se extendió por doce años.

La convicta, identificada como Myrna Faria, también conocida como Myrna Oliveras-Santiago, fue hallada culpable de robar y desfalcar fondos del Seguro Social, incluyendo beneficios de retiro, beneficios por sobrevivencia y pagos auxiliares, a los cuales sabía que no tenía derecho.

De acuerdo con los documentos judiciales y la evidencia presentada en el juicio, Faria trabajó en la SSA desde aproximadamente 1991 hasta 2019 como Social Insurance Specialist y Claims Specialist en la unidad de apoyo de trabajo en San Juan.

Entre marzo de 2012 y marzo de 2024, utilizó su posición para someter 13 reclamaciones falsas utilizando la identidad de personas que creía fallecidas. Luego aprobaba esas solicitudes fraudulentas e ingresaba su propia información bancaria y dirección postal para recibir los pagos.

En total, Faria desvió $1,812,455.10 en fondos federales, que posteriormente retiró, transfirió y gastó desde las cuentas donde recibía el dinero ilegalmente.

El anuncio de la convicción fue realizado por el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow; la agente especial a cargo de la Oficina del Inspector General del Seguro Social, Amy Connelly; el agente especial a cargo del FBI en San Juan, Carlos Goris; y el inspector postal a cargo de la División de Miami, Blasdimir Rojo.

La investigación estuvo a cargo de la Oficina del Inspector General del Seguro Social, el FBI y el Servicio Postal de Estados Unidos, con apoyo de la Policía de Puerto Rico.

El caso fue procesado por las fiscales especiales auxiliares del Seguro Social, Vanessa D. Bonano-Rodríguez y Niranjan Emani.

Sentencia pendiente

Faria será sentenciada el 29 de septiembre de 2026 por la jueza federal Gina R. Méndez-Miró. Enfrenta una pena mínima obligatoria de dos años de prisión por violar el estatuto federal de robo de identidad agravado, que deberá cumplirse de manera consecutiva a cualquier sentencia adicional por los delitos de robo de fondos gubernamentales, fraude electrónico y fraude por correo.