Por Redacción AGR News
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La representante Estrella Martínez Soto, del Distrito 27 por el Partido Popular Democrático (PPD) presentó una Resolución Conjunta 358 que busca establecer un reglamento uniforme para regular el uso de espacios adyacentes a carreteras estatales por parte de pequeños y medianos comerciantes, así como vendedores ambulantes. La medida fue referida a la Comisión de Transportación e Infraestructura para su análisis.

La propuesta ordenaría al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) a elaborar y poner en vigor un reglamento que defina claramente cómo pueden utilizarse los márgenes, avenidas, servidumbres, paseos y vías marginales para fines comerciales. Además, exige que dicho reglamento esté alineado con el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020), con el fin de armonizar los procesos municipales y estatales.

Una actividad económica vital, pero sin uniformidad

En la exposición de motivos, Martínez Soto destaca que miles de familias en Puerto Rico dependen de la venta de frutas, vegetales, flores, alimentos preparados y artesanías en los márgenes de las carreteras. Sin embargo, la falta de una reglamentación uniforme ha provocado que cada municipio maneje estas actividades de manera distinta, creando incertidumbre para los comerciantes y para las autoridades encargadas de la seguridad vial.

La legisladora advierte que esta inconsistencia ha generado conflictos innecesarios y ha afectado la estabilidad económica de quienes dependen de estas ventas. A la vez, subraya que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de conductores y peatones, ya que la ubicación inadecuada de estructuras o vehículos puede limitar la visibilidad, obstaculizar el tránsito o interferir con labores de emergencia.

Buscar el balance entre seguridad y desarrollo económico

Martínez Soto plantea que es indispensable lograr un balance entre la actividad comercial y la seguridad vial. La política pública, sostiene, debe proteger la vida y la propiedad sin eliminar oportunidades económicas esenciales para miles de familias.

La medida también reconoce la autonomía municipal y el rol de los gobiernos locales en la otorgación de permisos ambulantes. No obstante, advierte que las interpretaciones individuales sobre el uso de áreas estatales han provocado fricciones, por lo que un reglamento uniforme es necesario para evitar conflictos y garantizar claridad.

Orden legislativa

La Resolución Conjunta instruye al DTOP y a la ACT a desarrollar un reglamento que permita organizar estas actividades de manera segura, ordenada y equitativa, promoviendo el desarrollo económico local y protegiendo el interés público.