Por Redacción AGR News
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La Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) divulgó una investigación que apunta a posibles violaciones éticas por parte de un exayudante especial del Municipio de Cabo Rojo, quien habría iniciado una relación comercial con la administración municipal antes de que transcurriera el período de dos años requerido por ley tras su salida del servicio público.

Según el Informe de Investigación OC‑27‑29, el exempleado renunció el 9 de agosto de 2019 y, apenas un mes después, el 16 de septiembre de ese mismo año, incorporó una entidad dedicada a trabajos de limpieza y construcción. La pesquisa detalla que el Municipio le emitió un pago directo de $250 el 12 de agosto de 2020. Más adelante, como presidente de su corporación, presentó una cotización para trabajos de pintura y el Municipio desembolsó $16,000 a la empresa el 6 de abril de 2021.

La OCPR concluyó que las transacciones examinadas podrían constituir violaciones a la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), que prohíbe a exservidores públicos intervenir o mantener relaciones comerciales con la agencia donde trabajaron durante los dos años posteriores a su salida. La determinación final corresponde a la OEG.

El informe recomienda al director ejecutivo de la Oficina de Ética evaluar el referido remitido el 20 de abril de 2026 y tomar las acciones pertinentes, incluyendo la revisión de posibles incumplimientos legales o reglamentarios. También exhorta al alcalde de Cabo Rojo a reforzar los controles internos para evitar que exempleados municipales establezcan vínculos comerciales con el Municipio antes de que se cumpla el período mínimo establecido por ley.

La Contralora, CPA y Lcda. Carmen Vega Fournier, llamó a los funcionarios municipales a fortalecer los procesos de contratación y a promover una gestión pública transparente, legal y ética.

El informe completo está disponible en http://www.ocpr.gov.pr.