Por Redacción AGR News
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El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Josué Colón, confirmó que fue entrevistado por el FBI y el Departamento de Justicia federal como parte de la investigación sobre el contrato de generación temporera adjudicado al consorcio Power Expectations, valorado en $5.9 mil millones por 10 años. Colón indicó que la entrevista ocurrió “hace unos días” y que ha continuado entregando información a las agencias de ley y orden, aunque evitó precisar fechas o detalles adicionales.

El contrato, firmado el 10 de junio de 2024, buscaba añadir 400 megavatios de generación temporera al sistema eléctrico mientras se completan proyectos permanentes de resiliencia. La adjudicación fue manejada por la AAPP y por la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO), una entidad privada contratada para administrar procesos competitivos. Sin embargo, el acuerdo colapsó cuando la empresa texana Enchanted Rock, reconocida por su trabajo en microgrids, denunció que nunca autorizó su participación en el consorcio y que su nombre fue utilizado sin consentimiento.

La propuesta sometida por Power Expectations incluía una firma atribuida a Jhoby Weaks, presentado como ejecutivo de Enchanted Rock. La compañía confirmó que no reconoce a esa persona como empleado, que no firmó ningún documento y que jamás autorizó el uso de su identidad en la licitación. Este hallazgo detonó la intervención federal y llevó a la Junta de Supervisión Fiscal a retirar su aval al contrato por “falsas representaciones”, lo que obligó a la AEE a cancelar el acuerdo el 18 de agosto.

Power Expectations, pese a haber sido seleccionado para uno de los contratos energéticos más grandes en la historia reciente del país, no posee historial robusto en proyectos de generación a gran escala y no ha ofrecido explicaciones públicas sobre la firma cuestionada ni sobre la composición real del consorcio. Su silencio ha aumentado la sospecha de que la propuesta pudo haber sido construida sobre información falsa o incompleta.

El rol del 3PPO también está bajo intenso escrutinio. Legisladores y funcionarios han cuestionado que la oficina no verificara la autenticidad de la firma atribuida a Enchanted Rock, no corroborara la participación real de los integrantes del consorcio y procesara la licitación con una rapidez inusual. La Legislatura evalúa incluso remover al 3PPO de futuros procesos energéticos, alegando fallas graves en la supervisión y validación de documentos.

La cronología del caso complica aún más la posición de Colón. El funcionario admitió que recibió mensajes de un abogado de Enchanted Rock una semana antes de la firma del contrato, alertando sobre irregularidades. Sin embargo, Colón no actuó de inmediato porque, según dijo, “no percibió urgencia” en las comunicaciones. Fue solo después de recibir una carta formal de la empresa, en agosto, que refirió el caso al Departamento de Justicia estatal y federal.

Fuentes legislativas confirmaron que las agencias federales solicitaron expedientes completos del proceso de licitación, incluyendo correos electrónicos entre la AEE, la AAPP y el 3PPO; versiones preliminares de propuestas; documentos relacionados con Enchanted Rock; y registros de comunicaciones internas sobre la evaluación de Power Expectations. La naturaleza de la solicitud apunta a una investigación profunda, de carácter forense, que busca reconstruir el proceso desde su origen.

La cancelación del contrato dejó un vacío operacional significativo. Los 400 MW de generación temporera que se esperaban ya no forman parte del plan energético, lo que genera dudas sobre cómo la AEE suplirá esa capacidad mientras continúa la transformación del sistema eléctrico. La corporación pública enfrenta ahora un doble reto: atender la crisis de credibilidad y responder a las necesidades energéticas del país.

El Departamento de Justicia estatal también abrió una investigación paralela para evaluar posibles violaciones a leyes de contratación pública. Entre los delitos que podrían estar en consideración se encuentran falsificación de documentos, fraude electrónico, representación fraudulenta y conspiración.

El caso de Power Expectations se ha convertido en uno de los episodios más controversiales del sector energético en Puerto Rico en la última década. La combinación de firmas cuestionadas, un consorcio opaco, fallas en la verificación de identidad y un contrato multimillonario cancelado ha provocado un escrutinio sin precedentes sobre los procesos de contratación en el sistema eléctrico y sobre la responsabilidad de las entidades que los administran.