Por Redacción AGR News
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La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó por unanimidad la Resolución Conjunta 301, una medida que busca poner fin a la incertidumbre de quienes completan la construcción de una vivienda o negocio, pero deben esperar indefinidamente por la conexión de agua potable.

La iniciativa, presentada por el representante Edgar Robles Rivera, legislador por Arecibo y Hatillo y presidente de la Comisión de Asuntos del Consumidor, establece un máximo de 45 días calendario para que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) instale nuevas acometidas.

En términos simples, la acometida es la conexión que enlaza la tubería principal de la AAA con una residencia, comercio o propiedad.

Además del límite para la instalación, la medida fija un máximo de 10 días laborables para que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) complete los trámites de cotización y endoso necesarios.

Robles Rivera sostuvo que la falta de tiempos definidos afecta directamente a familias y comerciantes que ya cumplieron con todos los requisitos.

“Una persona que hizo el sacrificio de construir su casa o levantar su negocio no debería quedarse esperando sin saber cuándo le conectarán el agua. Si cumplió con los requisitos, debe existir un tiempo claro para completar el proceso. Eso es sentido común”, expresó en declaraciones escritas.

La resolución también ordena a la AAA publicar informes periódicos y revisar sus procesos y costos, con el fin de aumentar la transparencia y permitir identificar dónde ocurren las demoras.

Robles Rivera enfatizó que la intención es evaluar el sistema completo y proponer soluciones prácticas.

“Queremos mirar el proceso completo: cuánto tarda, cuánto cuesta y cómo podemos hacerlo más sencillo para la gente. No estamos señalando por señalar; estamos proponiendo una solución concreta para que el servicio funcione mejor”, afirmó.

Tras su aprobación en la Cámara Baja, la RCC 301 continúa ahora su trámite legislativo en el Senado de Puerto Rico, donde será evaluada para determinar si se convierte en política pública.