Por Redacción AGR Radio News
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El Departamento de Salud (DS) expresó su apoyo, con recomendaciones de enmiendas, al Proyecto de la Cámara 1277, que propone establecer la “Ley para la Identificación, Protección y Atención Diferenciada de Personas con Trastornos Neurocognitivos Mayores en Puerto Rico”. La medida busca crear un sistema de identificación voluntaria para esta población, que según datos oficiales del DS, alcanza 74,353 casos al mes de junio.

Durante una vista pública de la Comisión de Salud, presidida por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, el subsecretario del DS, Dr. Luis Olmedo Morales, afirmó que la propuesta “atiende una necesidad real” y contiene herramientas que podrían fortalecer la protección y atención prioritaria en servicios de salud y agencias gubernamentales.

El funcionario destacó que la medida es cónsona con el Plan Estratégico 2026-2030 para atender el Alzheimer y otras demencias, al incorporar elementos como capacitación de primeros respondedores, reducción de riesgos y coordinación con cuidadores. No obstante, recordó que desde 1999 el DS opera el Centro de Alzheimer, que ya cuenta con un registro oficial para estos diagnósticos, utilizado para vigilancia epidemiológica, investigación y planificación de política pública.

Observaciones y preocupaciones del Departamento de Salud

Olmedo Morales advirtió que el proyecto contiene “asuntos legales y operacionales” que deben corregirse, entre ellos:

– La posibilidad de vincular el registro del DS con el nuevo sistema de identificación.

– El acceso policial a información contenida en dicho registro.

– La creación de obligaciones de capacitación y fiscalización sin asignación de recursos.

– La implantación de una jerarquía de turnos distinta a la establecida por la Ley Uniforme de Filas de Servicio Expreso (2018).

El subsecretario recomendó prohibir cualquier enlace entre el registro del DS y el sistema de identificación propuesto, así como eliminar referencias al acceso de la Policía a información protegida. Señaló que, de querer permitir divulgación identificable, la Asamblea Legislativa tendría que enmendar la Ley 237-1999 y establecer salvaguardas de privacidad.

El DS favoreció, sin embargo, el Módulo Voluntario de Contacto de Emergencia, siempre que opere de manera independiente y contenga solo información mínima basada en consentimiento expreso.

Sobre la propuesta de atención médica en un máximo de 30 minutos, Olmedo Morales sugirió que se mantenga como un objetivo operacional flexible, no como una garantía exigible, debido a la variabilidad en la capacidad de las instituciones de salud.

DTOP, Policía y organizaciones respaldan la medida con ajustes

El Lcdo. Daniel Rojas Del Valle, del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), reconoció la importancia de la iniciativa, pero recomendó delimitar con precisión las responsabilidades entre el DTOP y el DS. Propuso que el DS maneje asuntos de diagnóstico y que el DTOP se encargue de la expedición de la identificación y los aspectos tecnológicos.

También sugirió integrar esta población al sistema de atención preferente existente, en lugar de crear una jerarquía rígida sobre otras categorías protegidas.

Por su parte, el teniente José Sánchez Marchand, de la Policía de Puerto Rico, apoyó la medida con enmiendas que permitan establecer protocolos uniformes para atender emergencias que involucren personas mayores desorientadas en la vía pública. La PPR recomendó definir claramente la coordinación interagencial y los procesos de adiestramiento.

El Lcdo. Eddie Olivera, en representación de AARP, respaldó la legislación por considerarla un paso urgente y fundamentado, especialmente ante la proyección de que para 2030 la población con trastornos neurocognitivos mayores podría alcanzar 150,000 personas.

Asociación de Alzheimer: “Es una necesidad urgente y evidente”

El presidente de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, Wilberto Pagán Feliciano, explicó que la propuesta surge de experiencias personales y cientos de historias de familias que enfrentan falta de protocolos, desapariciones de pacientes y manejo inadecuado en servicios públicos y privados.

Pagán Feliciano subrayó que actualmente:

– Ningún proveedor de salud está obligado a validar un diagnóstico de demencia al admitir un paciente.

– Ninguna agencia gubernamental tiene protocolos diferenciados para esta población.

– Los cuerpos de seguridad carecen de guías específicas para intervenir con sensibilidad ante personas desorientadas.

El líder comunitario destacó que la medida también beneficiaría a familiares y cuidadores, quienes enfrentan retos en filas expreso, citas médicas y atención hospitalaria.

Legisladores anuncian próximos pasos

La representante Odalys González González, autora del proyecto, aseguró que evaluará las recomendaciones para viabilizar la aprobación de la medida. Informó que el distrito de Mayagüez-Aguadilla registra el mayor número de casos en la isla y anunció una Cumbre de Alzheimer en Aguada el 29 de septiembre.

González González calificó la situación como “una emergencia real”, al señalar que entre 2010 y 2024 la tasa de mortalidad por estas condiciones aumentó un 2.4%.

El presidente de la Comisión de Salud, Gabriel Rodríguez Aguiló, afirmó que las recomendaciones serán evaluadas con responsabilidad para desarrollar una legislación que proteja los derechos de esta población y atienda sus necesidades.

En la vista también participaron los representantes Sol Y. Higgins Cuadrado, Lisie Burgos Muñiz y José “Cheito” Hernández Concepción.