Por Redacción AGR Radio News
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La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado abrió este miércoles el análisis formal sobre el arbitrio al petróleo crudo y sus derivados —conocido popularmente como la “crudita”— y su impacto en la economía del país, así como en las obligaciones fiscales del Gobierno. La vista pública responde a la Resolución del Senado 461, presentada por el senador Wilmer Reyes Berríos y presidida por la senadora Migdalia Padilla Alvelo.

Padilla destacó que el propósito de la investigación es “garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y que las decisiones gubernamentales estén fundamentadas en datos confiables y análisis objetivos”. Añadió que la Comisión busca claridad sobre la evolución del arbitrio y su efecto real en los consumidores y en las finanzas del Gobierno: “Queremos saber qué pasó con la crudita”.

Hacienda detalla el rol actual del arbitrio

Representantes del Departamento de Hacienda —Yoadis Rodríguez Berríos, Rafael Cruz y José Villanueva— explicaron que cualquier cambio al arbitrio debe evaluarse considerando su efecto sobre los ingresos del Fondo General, el mercado y el marco fiscal vigente. Rodríguez subrayó que los recaudos que antes se destinaban a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) ahora forman parte de los ingresos recurrentes del Fondo General y financian servicios esenciales.

La funcionaria aclaró que la partida de “Productos del Petróleo” reflejó cerca de $466.7 millones para el año fiscal 2026, pero esa cifra incluye gasolina y diésel, por lo que no representa exclusivamente la “crudita”.

Sobre el impacto en el consumidor, Rodríguez indicó que la carga contributiva de $15.50 por barril equivale a unos 36.9 centavos por galón, aunque eliminarla no garantiza una reducción automática en el precio final. El efecto dependería de factores como el mercado, el transporte y la distribución.

AAFAF: la crudita sostiene servicios esenciales

El licenciado Enrique Guzmán Matos y el licenciado Julio Colón Rodríguez, de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), coincidieron en que el arbitrio ya no debe analizarse únicamente como un mecanismo vinculado a la ACT. Desde 2024, sus recaudos sostienen el presupuesto general del Gobierno sin una segregación que permita rastrear cada dólar.

Guzmán detalló que el arbitrio base y la “crudita” representaron un promedio de 4.07% del Fondo General en los años fiscales 2024 y 2025. Además, estimó que eliminar el arbitrio de $6.25 por barril tendría un impacto aproximado de $679 millones, mientras que eliminar el arbitrio base de $3.00 por galón implicaría cerca de $368 millones. Para el año fiscal 2027, la JSAF proyecta un impacto total de $345 millones.

A preguntas del senador Reyes, Guzmán confirmó que el Plan Fiscal proyecta recaudos de $507 millones anuales para 2027 y 2028 en esta partida.

Reyes planteó que podrían identificarse ahorros en la contratación gubernamental para compensar una reducción del arbitrio, señalando una baja de $447 millones en gastos de contratos. “Yo no vengo aquí para seguir diciendo no se puede… Esto es posible si lo seguimos mirando”, expresó.

OGP advierte sobre impacto y necesidad de análisis profundo

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), representada por la licenciada Carmen Guillén y Osvaldo Guzmán López, enfatizó que cualquier legislación relacionada con la “crudita” debe incluir un análisis detallado sobre su efecto en los recaudos, las obligaciones financieras y su compatibilidad con los planes fiscales certificados bajo PROMESA.

Guillén advirtió que eliminar o reducir el arbitrio no garantiza una baja automática en el precio de la gasolina, por lo que cualquier medida debe incluir mecanismos que aseguren que el alivio llegue al consumidor y no se quede en la cadena de distribución.

La agencia reiteró que ese análisis deberá realizarse cuando exista una propuesta legislativa concreta.