Por Redacción AGR Radio News
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La Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) divulgó los resultados del Informe de Auditoría OC‑26‑23 sobre el Departamento de la Vivienda, correspondiente al período del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2023, donde se identificó tres hallazgos significativos relacionados con la administración del Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3), financiado con fondos federales CDBG‑DR.

Uno de los hallazgos más llamativos detalla que el Programa R3 desembolsó $253,139 para reconstruir una vivienda afectada por los huracanes Irma y María, la cual nunca fue habitada por el beneficiario. Antes de completarse los trabajos, una institución financiera ejecutó la hipoteca y adquirió la propiedad mediante embargo.

La auditoría concluyó que esta situación provocó que fondos públicos beneficiaran intereses privados, debido a que las guías del programa no requerían verificar el estatus de pagos hipotecarios como criterio de elegibilidad.

La gerencia del Departamento sostuvo que la deuda hipotecaria no constituye un factor de inelegibilidad bajo las disposiciones federales y que añadirlo implicaría una enmienda sustancial al Plan de Acción. También informó que se iniciaron gestiones para recapturar los fondos.

El segundo hallazgo reveló fallas en la validación de elegibilidad. De una muestra de 868 casos, la Contralora identificó:

– Falta de evidencia de identidad.

– Ausencia de documentos de ingresos.

– Inconsistencias en la residencia declarada.

– Aprobación de ayudas a participantes que excedían los límites de ingresos.

Entre los casos evaluados, se otorgó un vale de reubicación de $185,000 a un solicitante que no cumplía con los requisitos de ingreso.

La gerencia reconoció que, aun con procesos de revisión, pueden ocurrir errores o presentarse información incorrecta o fraudulenta, y destacó que el programa cuenta con mecanismos de recaptura de fondos.

El tercer hallazgo señala deficiencias en la ejecución de obras de reparación. En una muestra de 324 residencias inspeccionadas, se detectaron:

– Pagos por trabajos no ejecutados.

– Instalaciones defectuosas

– Problemas en techos, sistemas eléctricos y plomería.

– Filtraciones y fallas estructurales que comprometen la seguridad.

La auditoría atribuyó estas deficiencias a falta de supervisión efectiva sobre los gerentes de programa y construcción, así como a controles insuficientes para garantizar el cumplimiento de contratos y órdenes de trabajo.

La gerencia indicó que ha reforzado sus políticas y procedimientos, incluyendo garantías de construcción y medidas de contingencia para asegurar la calidad de las obras.

Como parte de los comentarios especiales, la auditoría incluyó una encuesta realizada a 834 participantes, que reflejó un nivel de satisfacción general de 78%, aunque con resultados mixtos en la comunicación del progreso de los trabajos y la interacción con los gerentes de construcción.

También se documentaron deficiencias adicionales en viviendas reconstruidas, como problemas en ventanas, puertas, techos, sistemas eléctricos y plomería, lo que refuerza la necesidad de fortalecer los controles de calidad.

La Oficina de la Contralora recomendó al Departamento de la Vivienda:

– Fortalecer los controles internos en la evaluación de elegibilidad

– Implementar mecanismos efectivos de supervisión en la ejecución de obras

– Validar rigurosamente la documentación presentada por los solicitantes

– Recuperar fondos cuando corresponda

“La administración de fondos públicos, particularmente aquellos dirigidos a atender necesidades críticas como la vivienda, exige el más alto nivel de diligencia, transparencia y cumplimiento. Los hallazgos de este informe evidencian áreas que deben ser atendidas con urgencia para garantizar que los recursos lleguen de manera efectiva a quienes realmente los necesitan”, expresó la Contralora Carmen A. Vega Fournier.

El informe completo está disponible en ocpr.gov.pr.