Por Redacción AGR Radio News
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El empresario Christian Torres, propietario de Coccoloba AgroEnvironmental, declaró por más de dos horas ante la Oficina del Inspector General de Salud federal, como parte de la pesquisa sobre presuntas irregularidades en contratos otorgados por la Administración Socioeconómico de la Familia (ADSEF) con fondos del programa TANF.

Aunque Coccoloba aparece como una de las compañías evaluadas en el proceso que culminó con la adjudicación de un contrato de $38.5 millones a NOLA Education, Torres reiteró ante los investigadores que nunca quiso participar. Según explicó, lo único que remitió fue un folleto y un perfil corporativo enviados directamente a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

A pesar de esa limitada información, LAP Consulting Group —firma contratada por el Departamento de la Familia y cuyo dueño es amigo de Roig— le otorgó a Coccoloba una evaluación de 24.7% dentro del proceso competitivo.

La representación legal de Torres sostiene que ese material no era suficiente para evaluar a la empresa como proponente y no descarta acciones legales. Roig, por su parte, ha defendido que la documentación recibida sí justificaba la evaluación.

Con su comparecencia, Torres se suma a la exjefa de la Adsef, Blanca Medina Díaz, y a la exdirectora legal de la agencia, quienes ya declararon ante las autoridades federales sobre alegadas presiones de Roig en el manejo de contratos. La secretaria ha rechazado todas esas imputaciones.