Por Redacción AGR Radio News
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La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico manifestó -hoy viernes-, su rechazo al Proyecto del Senado 1526, una medida que busca modificar la Ley 63‑2025 para exigir informes anuales de los departamentos de Salud y Justicia sobre la fiscalización de esa legislación. La Ley 63 criminaliza a familias y profesionales de la salud que ofrezcan tratamientos de afirmación de género a personas menores de 21 años, una disposición que ha generado amplio debate desde su aprobación.

Jenniffer Orellana, secretaria de la Federación, advirtió que el proyecto incrementaría la presión sobre familias con menores trans y profundizaría la intimidación hacia profesionales de la salud. Según señaló, la estructura de fiscalización propuesta podría afectar la privacidad y la confianza entre pacientes y proveedores de servicios clínicos.

El director de la organización, Justin Jesús Santiago, cuestionó que la medida avance sin un análisis de los efectos de la Ley 63 en la juventud trans. Recordó que la legislación fue aprobada sin vistas públicas y contradice recomendaciones de asociaciones médicas reconocidas. Afirmó que la práctica clínica debe basarse en evidencia científica, estándares profesionales y evaluaciones individualizadas, no en el temor a sanciones.

Ivana Fred Millán, también directora de la Federación, destacó hallazgos de un estudio de The Trevor Project publicado en 2024, que vinculó leyes restrictivas para personas trans con un aumento de 72% en los intentos de suicidio entre jóvenes trans y no binarios. Señaló que resulta contradictorio que el gobierno haya intentado impedir la publicación de estudios de ASSMCA sobre la salud mental de la juventud LGBTQ+, mientras impulsa medidas que, según la organización, podrían agravar su vulnerabilidad.

Los portavoces de la Federación insistieron en que el gobierno debe concentrarse en atender las necesidades reales del país, como combatir la corrupción, mejorar la transparencia en el uso de fondos públicos, fortalecer los servicios esenciales y aliviar la carga económica de las familias. Advirtieron que la identidad de género de los menores no debe convertirse en una distracción frente a los retos estructurales que enfrenta Puerto Rico.