Por Redacción AGR Radio News
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La directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, licenciada Annette Martínez Orabona, expresó seria preocupación ante el despliegue masivo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en comunidades donde residen personas inmigrantes, señalando que la presencia de agentes armados y las intervenciones recientes reflejan un patrón de intimidación y violencia.

Martínez Orabona sostuvo que los operativos observados desde el jueves y durante el fin de semana “se suman a un patrón de violencia sistemática y acecho contra nuestras comunidades inmigrantes”, y advirtió que las intervenciones aparentan un aumento en frecuencia y agresividad. Recalcó que las personas tienen derecho a grabar, documentar y protestar los operativos del ICE, un derecho protegido por la Primera Enmienda de la Constitución federal.

La directora ejecutiva recordó que en Estados Unidos la ACLU ha denunciado represalias de ICE y otras agencias federales contra personas que ejercen ese derecho, incluyendo agresiones, uso de agentes químicos, intimidación a manifestantes y periodistas, y acciones punitivas contra quienes critican públicamente las operaciones migratorias. Mencionó como ejemplo el caso Tincher v. Noem, una demanda radicada en Minnesota, donde un ciudadano estadounidense, Alex Jeffrey Pretti, murió tras recibir disparos de agentes del ICE mientras grababa una intervención.

Martínez Orabona también responsabilizó al gobierno estatal por la situación, señalando directamente a la gobernadora Jenniffer González Colón y al secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo. Según la ACLU, ambos funcionarios facilitaron el trabajo del ICE al entregar voluntariamente información confidencial y direcciones residenciales de más de 6,000 personas inmigrantes en Puerto Rico.

“La escalada de violencia que observamos de parte del ICE es responsabilidad tanto del gobierno federal como del estatal”, afirmó Martínez Orabona, quien urgió a detener de inmediato los operativos y a proteger los derechos constitucionales de las comunidades afectadas.