Por Redacción AGR Radio News
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La presidenta del Colegio de Administradores de Servicios de Salud de Puerto Rico (CASS), Tania Conde Sterling, reclamó al Negociado de Energía de Puerto Rico que permita una audiencia pública formal para que el sector de la salud pueda exponer su oposición a cualquier ajuste en la tarifa eléctrica que afecte sus operaciones.

La petición fue presentada durante una comparecencia realizada ante el organismo regulador, en la que participaron representantes de hospitales, laboratorios clínicos, farmacias de comunidad y otros proveedores de servicios médicos. El grupo solicitó que se considere un tratamiento tarifario especial para las instituciones de salud, con el fin de mitigar el impacto de los altos costos energéticos y asegurar la continuidad de los servicios a la ciudadanía.

Según explicó Conde Sterling, un aumento en el costo de la electricidad tendría consecuencias significativas para la estabilidad financiera de las instituciones de salud, las cuales dependen de un suministro energético constante para operar equipos médicos, laboratorios, sistemas de ventilación y unidades de refrigeración de medicamentos y vacunas.

“No podemos permitir que un aumento en la factura de energía eléctrica se convierta en una amenaza adicional para la estabilidad de nuestros hospitales y demás instituciones de salud. La electricidad no es un lujo para el sector de la salud; es un servicio esencial para salvar vidas”, sostuvo la líder del CASS al estar acompañada por representantes de la industria.

La organización advirtió que el impacto económico podría ser considerable. Como ejemplo, señaló que un hospital de cuidado agudo con 175 camas podría afrontar un incremento cercano a los $60,000 mensuales en gastos de electricidad, una cifra equivalente al costo de emplear aproximadamente 15 profesionales de enfermería.

El Colegio destacó que una nueva alza tarifaria podría traducirse en mayores costos operacionales para las instituciones, con posibles repercusiones en la oferta de servicios, el acceso de los pacientes a cuidados médicos y la carga económica que enfrentan las familias puertorriqueñas.

La preocupación del sector surge tras conocerse que LUMA Energy advirtió sobre un desfase de $48 millones entre ingresos y gastos, situación que abrió la puerta a una revisión acelerada de la tarifa eléctrica.

El CASS representa a más de 800 administradores de organizaciones de servicios de salud en Puerto Rico, incluyendo hospitales, centros de diálisis, salas de emergencia, facilidades de cuidado prolongado y centros de salud mental. Estas instalaciones operan de manera ininterrumpida, las 24 horas del día y los siete días de la semana, por lo que dependen de un servicio eléctrico estable para sostener sus operaciones esenciales.

Como parte de los próximos pasos, Conde Sterling informó que la entidad continuará presentando información económica y operacional ante el Negociado de Energía para sustentar su posición. Asimismo, adelantó que acudirá a la Legislatura en busca de medidas que promuevan un trato tarifario más justo para el sector.

Entre las propuestas que impulsa el Colegio figuran la evaluación de tarifas especiales para instalaciones de salud, incentivos para proyectos de eficiencia energética y mecanismos que faciliten la adopción de fuentes renovables. Además, solicitarán al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio que considere incentivos energéticos similares a los que reciben otras industrias en el país.