Por Redacción AGR Radio News
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La Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Roberto López Román, celebró una vista pública para examinar los Proyectos de la Cámara 1537 y 1538, medidas que buscan reconocer el trabajo remoto como acomodo laboral para empleados que son cuidadores principales de personas con impedimentos significativos en los sectores público y privado.

Durante la audiencia, la presidenta del comité de capital humano de la Asociación de Industriales, Georgyanne Ríos, expresó reservas sobre ambas propuestas legislativas. Aunque manifestó solidaridad con las familias cuidadoras, indicó que el trabajo remoto no debería concederse basándose exclusivamente en este tipo de circunstancias.

Según Ríos, aprobar este acomodo para un grupo específico podría abrir la puerta a solicitudes similares de otros sectores en el futuro. No obstante, reconoció los desafíos que enfrentan las familias que atienden a personas con condiciones de salud complejas y afirmó que merecen respaldo y comprensión.

Como alternativa, sugirió evaluar modelos financiados con fondos federales de Medicaid que ofrecen compensación económica a personas que han tenido que dejar sus empleos para cuidar a un familiar con impedimentos significativos. Explicó que en algunas jurisdicciones estadounidenses existen empresas privadas que capacitan a estos cuidadores en destrezas como primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar, mientras reciben remuneración por las labores que realizan.

La deponente señaló además que programas con fondos similares son administrados en Puerto Rico por la Administración de Seguros de Salud (ASES) y el Departamento de la Familia. Sin embargo, aclaró que no plantea una implantación idéntica al modelo utilizado en Estados Unidos, sino que se estudien alternativas que puedan adaptarse a la realidad local.

Ríos también recomendó consolidar en una sola legislación las distintas disposiciones relacionadas con licencias y tiempo para atender familiares enfermos. La propuesta recibió el respaldo del representante López Román, quien adelantó que revisará los proyectos existentes con el fin de desarrollar una iniciativa más abarcadora.

“Voy a empezar a hacer un recuento y buscar todos los proyectos relacionados para evaluar cómo integrarlos en una sola pieza legislativa que realmente impacte y contribuya a solucionar una situación que continuará creciendo si no se atiende”, expresó el legislador.

Por otro lado, el abogado principal de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), José Antonio Montalvo Vera, favoreció el objetivo de las medidas legislativas al sostener que el trabajo remoto, cuando las funciones del puesto lo permiten, constituye una herramienta importante de equidad social que ayuda a evitar la precarización económica de las familias cuidadoras.

Montalvo Vera recomendó revisar la definición de “persona con impedimento severo” para asegurar que incluya aquellos casos en los que el familiar depende completamente de terceros para realizar actividades esenciales de la vida diaria. A su juicio, esta precisión facilitaría la identificación clara de quienes podrían beneficiarse del acomodo laboral.

Asimismo, solicitó que la DPI no sea la entidad responsable de certificar la condición médica de los familiares de los solicitantes, debido a que la agencia no cuenta con personal médico autorizado para esa función. Como alternativa, propuso que el Departamento de Salud asuma dicha responsabilidad.

En cuanto al Proyecto de la Cámara 1538, dirigido al sector privado, también planteó ajustes a la definición de “carga onerosa” para permitir que un patrono pueda denegar una solicitud cuando demuestre que la naturaleza del trabajo impide realizarlo a distancia o que el costo del acomodo resulte desproporcionado en relación con el valor generado por el empleado.

La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), mediante una ponencia presentada por su director, Facundo Di Mauro Vázquez, respaldó la medida con enmiendas. Entre ellas, recomendó que cada solicitud sea evaluada de manera individual y documentada, evitando que se rechacen peticiones mediante argumentos generales que no expliquen específicamente el impacto en los servicios gubernamentales.

La agencia también sugirió aclarar cómo la prioridad propuesta para los cuidadores se armonizaría con los estándares de desempeño y las disposiciones vigentes de la Ley de Trabajo a Distancia del Gobierno de Puerto Rico.

Di Mauro Vázquez sostuvo que quienes reciban este acomodo deberán continuar cumpliendo con las responsabilidades de sus puestos y con la jornada laboral autorizada. Añadió que, cuando las labores de cuidado requieran interrupciones en el trabajo, los empleados deberán recurrir a las licencias u otros mecanismos disponibles conforme a la normativa aplicable.

Los proyectos continúan bajo evaluación legislativa mientras diversos sectores presentan recomendaciones dirigidas a balancear las necesidades de los cuidadores de personas con impedimentos y los retos operacionales de patronos públicos y privados.