Por Redacción AGR Radio News
agrnews1@gmail.com
Las recientes revelaciones sobre la inscripción de propiedades mediante documentos presuntamente falsificados han encendido las alarmas en Puerto Rico y provocado llamados a reformar los mecanismos de control en el Registro de la Propiedad y en los procesos notariales.
El debate tomó fuerza tras conocerse un caso ocurrido en Guayama, donde un tribunal ordenó el desalojo de un pescador que ocupaba un terreno costero reclamado por un particular. Sin embargo, una investigación periodística determinó posteriormente que la titularidad de esos terrenos correspondía al Departamento de la Vivienda y no a la persona que alegaba haberlos adquirido mediante una escritura pública.
Según la investigación, la escritura utilizada para sustentar la reclamación presentaba múltiples inconsistencias. Entre ellas, el documento no figuraba en el índice notarial correspondiente, mientras que funcionarios vinculados a la supuesta transacción negaron haber participado en el proceso. Además, el Departamento de la Vivienda aseguró que nunca efectuó la venta del inmueble.
El caso expone cómo un documento presuntamente irregular logró superar distintos niveles de control e inscribirse en el Registro de la Propiedad, permitiendo incluso la emisión de certificaciones registrales utilizadas como evidencia ante los tribunales.
La confianza en el sistema notarial
Especialistas consultados coinciden en que el sistema registral puertorriqueño se fundamenta en el principio de la fe pública registral. Bajo este modelo, los registradores presumen que los documentos autorizados por un notario cumplen con todos los requisitos legales y que la información contenida en ellos es correcta.
La expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Vivian Godineaux Villaronga, planteó que deben explorarse mecanismos de verificación interagencial que ayuden a detectar posibles fraudes antes de que los documentos sean inscritos. Entre las alternativas mencionó la validación automática de datos con otras dependencias gubernamentales.
Por su parte, la profesora y notaria Belén Guerrero Calderón destacó que los notarios actúan como garantes de la autenticidad de los actos jurídicos y reciben del Estado la facultad de acreditar la veracidad de los documentos que autorizan. No obstante, sostuvo que es necesario revisar los criterios de acceso al ejercicio de la notaría para evitar abusos del sistema.
Actualmente, Puerto Rico cuenta con aproximadamente 8,300 notarios autorizados para ejercer funciones notariales.
Protección para compradores de buena fe
La legislación vigente también protege a quienes adquieren una propiedad confiando en la información que aparece inscrita en el Registro de la Propiedad. Este principio, conocido como fe pública registral, busca salvaguardar a los compradores que realizan transacciones legítimas y desconocen posibles irregularidades previas.
De acuerdo con la ley, la buena fe del adquirente se presume mientras no se demuestre que conocía defectos o inexactitudes en la información registral.
El director administrativo del Registro de la Propiedad, Joaquín del Río Rodríguez, recordó que la inscripción de un documento no convierte en válido un acto jurídico que sea nulo o ilegal. Según explicó, la función de los registradores es calificar e inscribir documentos, mientras que la verificación de la identidad de los comparecientes y la legalidad del negocio corresponde al notario que autoriza la escritura.
Casos que levantan interrogantes
La investigación también identificó situaciones que cuestionan los controles existentes. Entre ellas figura una inscripción realizada con una escritura fechada en 2006 y atribuida a un notario que había sido suspendido del ejercicio profesional desde el año anterior.
Aunque las autoridades sostienen que los registradores carecen de facultades para investigar la autenticidad de los documentos presentados, la legislación les obliga a referir cualquier sospecha de fraude al Ministerio Público para su evaluación.
Legisladores impulsan cambios
Los hallazgos han motivado propuestas dirigidas a reforzar la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias.
La senadora María de Lourdes Santiago Negrón informó que trabaja en medidas legislativas para eliminar el uso de certificaciones como instrumento para transferir titularidad de propiedades, al considerar que ofrecen menos garantías que las escrituras públicas y son más vulnerables a manipulaciones.
Las certificaciones fueron autorizadas en la década de 1970 como mecanismo para agilizar la entrega de títulos de propiedad a miles de familias que ocupaban terrenos administrados por el Estado. Sin embargo, diversos sectores entienden que ese mecanismo ya no responde a las exigencias actuales de seguridad registral.
El presidente del Colegio Notarial de Puerto Rico, Ismael García Ortega, respaldó la eliminación de estas certificaciones y adelantó que promoverá cambios legislativos para exigir verificaciones adicionales cuando escrituras antiguas sean presentadas para inscripción años después de haber sido otorgadas.
Preocupación por las medidas de agilización
Otra de las preocupaciones surgidas tras la investigación gira en torno a las iniciativas adoptadas durante la última década para reducir el atraso histórico en el Registro de la Propiedad.
La directora ejecutiva de Ayuda Legal de Puerto Rico, Ariadna Godreau Aubert, señaló que resulta necesario analizar si los esfuerzos por acelerar la inscripción de documentos han provocado una reducción de las garantías de confiabilidad del sistema.
En la misma línea, la profesora Guerrero Calderón cuestionó los procesos implementados para atender el rezago de cientos de miles de documentos acumulados durante años, argumentando que la rapidez pudo haberse logrado a costa de una revisión menos rigurosa de las transacciones.
Supervisión limitada
La Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), encargada de fiscalizar la obra notarial, realiza principalmente revisiones de carácter formal. Sus inspectores verifican aspectos como firmas, fechas, numeración y cumplimiento de requisitos procesales, pero no tienen facultades para determinar por sí mismos la nulidad de una escritura.
Los expertos coinciden en que la detección efectiva del fraude requiere una coordinación más amplia entre agencias gubernamentales, tribunales, organismos de fiscalización y el sistema registral.
¿Qué hacer ante una sospecha de fraude?
Los especialistas recomiendan que cualquier persona que sospeche haber sido víctima de una transacción fraudulenta presente una querella ante las autoridades y busque asesoría legal para evaluar posibles acciones judiciales, incluyendo la impugnación de escrituras o la protección de derechos registrales.
Asimismo, cuando exista evidencia de conducta impropia por parte de un abogado o notario, los ciudadanos pueden presentar una queja formal ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para que se investigue el caso.
Los recientes hallazgos han puesto en entredicho la eficacia de los mecanismos de control actuales y han abierto una discusión sobre cómo fortalecer la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario puertorriqueño sin comprometer la agilidad de los procesos registrales.





Deja una respuesta