Por Redacción AGR News
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La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, liderada por José “Che” Pérez Cordero, evaluó -hoy miércoles-, en vista pública el Proyecto de la Cámara 1112. La medida busca establecer la “Ley para Regular la Profesión de los Emplazadores en Puerto Rico”, con el fin de crear un marco ético y legal uniforme para quienes ejercen esta labor esencial en el sistema judicial.

La propuesta, de la autoría del representante Wilson Román López, surge ante la ausencia de una normativa clara que supervise a estos profesionales. Según la exposición de motivos, este «vacío legal» actual puede provocar errores procesales que ponen en riesgo los derechos constitucionales de las partes.

Jimmy Rosado Acevedo, emplazador con 20 años de experiencia y peticionario de la medida, defendió la pieza legislativa argumentando que la regulación es vital para garantizar la transparencia y el debido proceso de ley.

Rosado Acevedo destacó los desafíos y riesgos de la profesión, relatando incidentes de violencia y ataques físicos durante su jornada. Entre los puntos clave de su ponencia resaltan:

• Capacitación: Señaló que muchos emplazadores actuales desconocen términos legales y protocolos adecuados.
• Violencia de Género: Urgió la necesidad de protocolos específicos para casos de familia y divorcios, donde el riesgo de confrontación es mayor.
• Protección: La ley exigiría un seguro de responsabilidad y el deber indelegable de actuar bajo las Reglas de Procedimiento Civil.
• Oposición: Preocupación por costos y burocracia

A pesar de las intenciones de profesionalizar el sector, la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), representada por la Lcda. Mónica Hernández, expresó su rechazo a la medida.

Hernández advirtió que el proyecto podría crear un conflicto de intereses al otorgar a los emplazadores un carácter similar al de un funcionario judicial. Además, señaló que la OAT no cuenta con los recursos ni la estructura para administrar licencias o atender querellas, lo que requeriría una inversión presupuestaria no contemplada.

«La imposición de nuevos requisitos podría reducir la cantidad de emplazadores disponibles, elevando los costos del servicio y limitando el acceso a la justicia para las personas de escasos recursos», advirtió la licenciada.

Esta preocupación fue compartida por el Lcdo. Alejandro Figueroa Quevedo, de Servicios Legales de Puerto Rico, quien subrayó que los costos de los emplazamientos ya han aumentado significativamente en el último año. Figueroa teme que una regulación excesiva encarezca aún más los procesos legales.

Por su parte, la representante Lisie Burgos Muñiz calificó la iniciativa como «contraproducente», mientras que el presidente de la comisión, Pérez Cordero, se comprometió a buscar alternativas, tomando en cuenta la tendencia actual hacia la descolegiación de profesiones en la isla.

La medida propone la creación de una Junta Reglamentadora de Emplazadores y un registro obligatorio. De aprobarse, Puerto Rico se uniría a estados como Florida, California, Texas y Nueva York, que ya cuentan con marcos legales similares para supervisar esta función.