Por Redacción AGR News
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La Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR), bajo la dirección de la Lcda. Carmen A. Vega Fournier, publicó -hoy miércoles-, los resultados del Informe de Auditoría OC-26-23, el cual expone serias deficiencias en el manejo del Programa de Asistencia en Reparación, Reconstrucción o Reubicación (Programa R3).

La evaluación, que abarca el periodo entre enero de 2018 y diciembre de 2023, concluyó que las operaciones del Departamento de la Vivienda (DV) cumplieron con la ley, existen fallas críticas en la administración de fondos federales CDBG-DR destinados a los damnificados de los huracanes Irma y María.

Inversión pública en beneficio de la banca privada

Uno de los hallazgos más alarmantes detalla cómo se destinaron $253,139 de fondos públicos para reconstruir una residencia que nunca llegó a ser habitada por el beneficiario. Antes de finalizar las obras, la propiedad fue embargada por una institución bancaria.

Debido a que las guías del programa no requerían verificar el estatus hipotecario de los solicitantes, el dinero público terminó beneficiando indirectamente a intereses privados. Al respecto, el Departamento de la Vivienda argumentó que la deuda hipotecaria no es un criterio de exclusión federal, aunque confirmó que ya iniciaron procesos para intentar recuperar dicho dinero.

Fallas en la elegibilidad y documentos ausentes

La auditoría también detectó que el Programa R3 aprobó ayudas sin contar con la documentación básica necesaria. De una muestra de 868 casos:

– Se hallaron deficiencias en pruebas de identidad y evidencia de ingresos.

– Se otorgaron beneficios a personas que excedían los límites salariales permitidos.

– Destaca el caso de un solicitante que recibió un vale de reubicación de $185,000 sin cumplir con los requisitos económicos.

La gerencia del DV atribuyó estas situaciones a posibles errores humanos o información fraudulenta provista por ciudadanos, asegurando que cuentan con mecanismos de supervisión para corregir estos desfases.

Construcciones defectuosas y pagos por obras no realizadas

El informe subraya que el objetivo de proveer «viviendas dignas» se vio comprometido por la mala ejecución de los contratistas. Tras inspeccionar 324 residencias, se identificaron:

1. Pagos indebidos: Desembolsos por trabajos que nunca se llevaron a cabo.

2. Deficiencias estructurales: Problemas graves en sistemas eléctricos, plomería, filtraciones de techos y colocación de ventanas.

3. Falta de supervisión: Ausencia de controles efectivos sobre los gerentes de construcción para garantizar la calidad de las obras.

«La administración de fondos públicos exige el más alto nivel de diligencia. Los hallazgos evidencian áreas que deben atenderse con urgencia para garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan», afirmó la Contralora Vega Fournier.

Percepción ciudadana y recomendaciones

A pesar de las fallas técnicas, una encuesta incluida en el informe reveló que el 78% de los participantes se siente satisfecho con el programa, aunque persisten quejas sobre la comunicación y la falta de seguimiento durante el proceso de construcción.

La Oficina de la Contralora ha emitido recomendaciones estrictas al Departamento de la Vivienda para reforzar los controles internos, validar rigurosamente la elegibilidad de los participantes y, sobre todo, proceder con la recuperación de los fondos públicos utilizados de manera indebida o ineficiente.

El informe detallado se encuentra disponible para consulta pública en el portal oficial de la agencia.