Por Redacción AGR News
agrnews1@gmail.com

El representante Ensol Rodríguez cuestionó públicamente las expresiones de la Comisión de Derechos Civiles (CDC) en defensa del voto para confinados convictos por delitos graves, calificando la postura de la entidad como “desconectada de la realidad” que enfrentan las víctimas del crimen en el país.

Rodríguez sostuvo que resulta incongruente vincular el acto de votar con los procesos de rehabilitación de personas que han cometido delitos severos.

“Resulta totalmente ilógico y fuera de toda sensibilidad social que se pretenda establecer que realizar una X en una papeleta una vez cada cuatro años sea un elemento esencial para la rehabilitación de una persona que le falló gravemente a nuestra sociedad. Me parece vergonzoso que una entidad que dice defender derechos civiles ignore el sufrimiento de víctimas inocentes y coloque por encima los privilegios de criminales convictos”, expresó el legislador.

El representante enfatizó que el derecho al voto debe ir acompañado de responsabilidad social y respeto a las leyes, señalando que quienes han cometido delitos como asesinato, violación, agresión sexual o actos de pedofilia han atentado directamente contra la seguridad y la dignidad humana.

“Considero injusto e indignante que un asesino, un violador o un pedófilo tenga el mismo derecho de decidir quién dirige el gobierno que un ciudadano trabajador que ha vivido respetando las leyes y aportando positivamente a la sociedad”, añadió.

Rodríguez también advirtió sobre el mensaje social que, a su juicio, se envía al minimizar la gravedad de ciertos delitos bajo el argumento de la rehabilitación política. Indicó que la verdadera rehabilitación debe demostrarse mediante conducta, disciplina y arrepentimiento genuino, no a través de la participación electoral.

“No podemos perder de perspectiva que detrás de muchos de estos delitos existen familias destrozadas, niños traumatizados y comunidades enteras marcadas por el dolor”, afirmó.

El legislador reiteró que continuará impulsando medidas dirigidas a fortalecer la seguridad pública y apoyar a las víctimas del crimen, insistiendo en que el sistema debe priorizar a los ciudadanos que cumplen con la ley.

“Puerto Rico necesita enviar un mensaje claro de que la conducta criminal grave tiene consecuencias. La defensa de derechos no puede convertirse en una excusa para olvidar el daño causado a nuestra gente”, concluyó.