Por Redacción AGR News
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La Contralora de Puerto Rico, CPA y Lcda. Carmen Vega Fournier, informó -hoy lunes-, los resultados de una investigación forense digital que confirmó el uso indebido de recursos tecnológicos del Municipio de Trujillo Alto para la preparación de planillas de contribución sobre ingresos de clientes privados.

La pesquisa, realizada por la División de Investigaciones Especiales de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR), abarcó el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2024. El análisis incluyó entrevistas, revisión documental, recuperación de archivos borrados, evaluación de metadatos y examen del historial de navegación de los sistemas informáticos municipales.

Según el informe, un empleado adscrito al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) utilizó una computadora municipal durante horas laborables para preparar y radicar 59 planillas estatales y federales de individuos. La evidencia sugiere que el empleado pudo haber recibido alrededor de $30 por cada planilla, lo que representa una posible actividad lucrativa realizada mediante el uso de propiedad pública.

Los investigadores recuperaron 28 planillas, de las cuales 10 habían sido eliminadas y fueron recuperadas mediante técnicas forenses. Además, se identificó que 31 planillas adicionales fueron descargadas desde una plataforma en la nube hacia un dispositivo externo.

El informe también reveló que, aunque las planillas fueron preparadas desde la cuenta del empleado municipal, los nombres consignados como preparadores pertenecían a personas vinculadas a una compañía privada. El Departamento de Hacienda confirmó que el empleado no estaba registrado oficialmente como preparador de planillas, lo que podría constituir una violación al Código de Rentas Internas.

La OCPR concluyó que estas actuaciones representan un uso indebido de propiedad municipal y violan disposiciones constitucionales, la Ley de Ética Gubernamental y el reglamento interno del Municipio de Trujillo Alto sobre el manejo de sistemas informáticos.

Como resultado, la Contralora emitió referidos al Departamento de Justicia, el Departamento de Hacienda y la Oficina de Ética Gubernamental para evaluar posibles violaciones legales y éticas. También recomendó al alcalde de Trujillo Alto tomar medidas disciplinarias contra el empleado involucrado.

Vega Fournier destacó que este caso subraya la importancia de mantener controles estrictos sobre el uso de equipos tecnológicos gubernamentales y reiteró el compromiso de la OCPR de continuar investigando alegaciones relacionadas con el mal uso de propiedad pública.

“La utilización de equipos, sistemas o información gubernamental para fines privados es incompatible con los principios éticos que deben regir el servicio público”, afirmó la Contralora.