Por Redacción AGR News
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La Oficina de la Contralora y el Departamento de Salud formalizaron un acuerdo interagencial dirigido a mejorar la detección de personas fallecidas cuyos beneficios en programas gubernamentales, como el PAN y Plan Vital, pudieran continuar activos por error administrativo.

El convenio, firmado por la contralora Carmen A. Vega Fournier y el secretario de Salud, Víctor M. Ramos Otero, permitirá el intercambio directo de información del Registro de Estadísticas Vitales del Registro Demográfico. Según la Contralora, el acceso diario a datos de defunciones fortalecerá la fiscalización y facilitará la identificación de casos en los que individuos o familiares reciben beneficios restringidos de manera ilegal.

Vega Fournier explicó que la herramienta agilizará la validación de fechas de defunción por parte de auditores designados y que el proceso se realizará mediante un canal exclusivo y prioritario para solicitudes oficiales. Subrayó que el acuerdo no implica cancelaciones automáticas de ayudas, sino que sirve como apoyo para auditorías, investigaciones y referidos cuando sea necesario.

Por su parte, Ramos Otero destacó que la iniciativa responde al compromiso de la gobernadora Jenniffer González con la transparencia y la buena administración pública. El Departamento de Salud compartirá información de defunciones registradas desde 2015 a través de la plataforma STEVE, actualizada constantemente e incluyendo datos como nombre, fecha de muerte, número de seguro social y dirección residencial.

El acuerdo surge tras hallazgos de auditorías que evidenciaron la necesidad de reforzar los mecanismos de verificación para evitar desembolsos indebidos en programas como Medicaid/Plan Vital y ayudas de vivienda subsidiada, entre otros. También establece que Salud atenderá solicitudes de verificaciones de eventos vitales anteriores a 2015 y certificaciones de divorcio o anulaciones, respondiendo en un máximo de dos días laborables.

Ambas agencias recalcaron que el intercambio de información estará sujeto a estrictas medidas de confidencialidad. La Oficina de la Contralora deberá designar oficiales de enlace y asegurar que todo funcionario autorizado firme acuerdos de protección de datos antes de acceder a la base del Registro Demográfico.

“Cada control que se fortalece es una oportunidad para evitar pagos indebidos y asegurar que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan”, afirmó Vega Fournier. Ramos Otero añadió que la colaboración demuestra la importancia de modernizar la comunicación entre agencias para lograr una gestión pública más eficiente y proteger los recursos del pueblo.