Por Redacción AGR News
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La Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) identificó serias deficiencias en la supervisión de un programa municipal de incentivos económicos mediante el cual el Municipio de Florida otorgó $114,500 a 138 comerciantes sin verificar el uso de los fondos públicos. Así lo informó la Contralora, CPA y Lcda. Carmen A. Vega Fournier, al divulgar los hallazgos de una investigación iniciada tras evaluar una querella relacionada con el proceso de otorgamiento de estas ayudas.

Según el informe, la Legislatura Municipal aprobó el programa con el fin de apoyar a comerciantes afectados por los huracanes Irma y María, los terremotos, la pandemia del COVID-19 y la inflación, ante la insuficiencia de las ayudas estatales y federales. En diciembre de 2022, el Municipio distribuyó los fondos entre los participantes elegibles.

La reglamentación establecía que cada beneficiario debía someter, en un plazo de 90 días, un informe detallado del uso de los fondos acompañado de evidencia documental. También requería que el Municipio realizara gestiones de seguimiento cuando los informes no fueran entregados a tiempo. Sin embargo, la OCPR concluyó que ese seguimiento nunca ocurrió.

Durante la investigación, la directora de Finanzas certificó que los comerciantes fueron orientados sobre los usos permitidos y la obligación de rendir el informe de gastos. No obstante, admitió que no se realizaron las gestiones necesarias para requerir la entrega de la documentación, lo que impidió validar si los incentivos se utilizaron conforme a los propósitos autorizados.

La Contralora advirtió que esta omisión afectó la capacidad del Municipio para ejercer una fiscalización efectiva y aumentó el riesgo de un uso indebido de los fondos públicos. “Es indispensable cumplir con el principio de rendición de cuentas, ya que exige demostrar que los fondos públicos se utilizaron para los fines autorizados”, expresó Vega Fournier.

Como parte de las recomendaciones, la OCPR exhortó al alcalde de Florida a reforzar los controles del programa y asegurar el cumplimiento de las guías establecidas. Entre las medidas sugeridas se incluyen penalidades administrativas para quienes incumplan con la entrega de informes, la descalificación de futuras ayudas y el inicio de procesos de recobro cuando los gastos no puedan ser justificados.

El Informe OC‑27‑03 está disponible en http://www.ocpr.gov.pr.