Por Redacción AGR News
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La Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) divulgó los resultados de una auditoría de cumplimiento realizada a la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, correspondiente al periodo del 1 de julio de 2021 al 31 de mayo de 2025. El informe, firmado por la Contralora CPA y Lcda. Carmen A. Vega Fournier, detalla tres hallazgos significativos y dos comentarios especiales que apuntan a deficiencias en la contratación de servicios profesionales, el manejo de propiedad pública y la gobernanza interna de la entidad.

Pagos indebidos y deficiencias en procesos de contratación

Los auditores identificaron pagos improcedentes por $8,049 a un contratista que continuó prestando servicios luego de agotarse los fondos del contrato. También se detectaron fallas en la preintervención de facturas, como omisiones de información requerida, ausencia de informes de servicios y certificaciones sin firmas autorizadas.

El informe añade que la Junta pagó $293 en exceso por concepto de comisión publicitaria, superando el límite permitido.

Además, la Junta otorgó un contrato por $348,333 y una enmienda por $140,000 a una corporación foránea que, al momento de ser contratada, no estaba inscrita en el Registro Único de Proveedores de Servicios Profesionales, incumpliendo la normativa vigente.

Irregularidades en el manejo de propiedad pública

La auditoría reveló que, al nombrarse la encargada de propiedad en 2022, no existía un inventario físico actualizado. También se encontraron discrepancias entre los registros internos y la información del Departamento de Hacienda:

– 1,199 unidades valoradas en $2.6 millones no estaban registradas en Hacienda.

– 894 unidades por $4.1 millones, eliminadas internamente, continuaban apareciendo en el sistema oficial.

Estas inconsistencias reflejan fallas en los controles administrativos y en la actualización de los registros de propiedad.

Fondos disponibles sin proyectos de reconstrucción y falta de gobernanza interna

Entre los comentarios especiales, la OCPR alertó que, pese a contar con asignaciones de FEMA, CDBG‑DR y reclamaciones a aseguradoras por $28.6 millones, la Junta no había iniciado los trabajos de reconstrucción de la antigua sede de la Administración de los Sistemas de Retiro al 8 de diciembre de 2025.

Asimismo, el Comité de Auditoría Interna no celebró reuniones desde su creación en junio de 2022 hasta mayo de 2025, incumpliendo la Carta Circular 2022‑002 y afectando la supervisión requerida.

“Estas deficiencias identificadas en la auditoría debilitan los procesos administrativos y aumentan el riesgo de irregularidades. Exhortamos a todos los funcionarios a mantener controles internos estrictos, formalizar adecuadamente sus contratos y asegurarse del uso responsable de los fondos públicos”, expresó la Contralora Vega Fournier.

El Informe de Auditoría OC‑27‑25 está disponible en ocpr.gov.pr.